Un congreso gris, sometido y abusivo
¿Sabes quiénes son Claudia Tristán, Roberto Ulises Mendoza, Salvador Isaís, Dolores García Román y María Elena Ramírez? Estamos seguros que la mayoría de gente no sabe que son diputados locales y que están cerca de llegar a los años en el cargo, ya preguntar sobre su pobre desempeño trabajo legislativo si sería aún más complicado.
Así como este grupo de casi invisibles diputados locales de San Luis Potosí está la mayoría, que pertenece a una legislatura gris, sometida, corrupta, abusiva, simuladora, incongruente que no representa a la gente, si no a sus perversos intereses y de quien les dicta lo que deben y cómo actuar.
No existe una sola voz que denuncie las corruptelas al interior del congreso, que alerte de sucios acuerdos, que cuestione lo que está mal hecho, que se oponga a los abusos y que no sea parte del enorme tapete del ejecutivo estatal.
Cada diputado local recibe 8 mil pesos mensuales que se encuentran fusionados en su insultante sueldo de 94 mil pesos netos, aun así, el presidente de la Junta de Coordinación Política José Luis Fernández propuso repartir otros 186 mil pesos en vales de gasolina a nueve diputados, que se llegan a llevar hasta 33 mil pesos en gasolina como sucede con la diputada priista Yolanda Cepeda o 27 mil pesos Bernarda Reyes también del PRI.
Reparto mensual en vales de gasolina por diputado, extras a los 8 mil pesos que ya tienen integrados en su sueldo.
Existen denuncias de como algunos diputados exprimen parte del sueldo de personal que se contrata por honorarios, diputadas locales que no acatan órdenes judiciales vulnerando los derechos de otra mujer, incrementaron en 82 personas el personal de honorarios y de pagar 1.5 millones de pesos ahora se destinan 3.7 millones de pesos mensuales al paso de tres legislaturas siendo la actual la que más elevó el número de gente.
Incumplieron en el compromiso de regular por fin, las contrataciones del personal de honorarios y el equipo de "asesores" donde se realizaría un plan de trabajo verificable para la ciudadanía, se generaría certeza en la realización de actividades para evitar aviadores y se terminaría con el abuso de pagar hasta 23 mil pesos mensuales a gente que le maneja las redes sociales a diputados, como se comprobó en su momento con la incongruente diputada Gabriela Martínez Lárraga.
Extrañamente su coordinación jurídica pierde por irresponsable todas las denuncias labores y genera que se tengan que pagar millones de pesos del dinero público en el pago de laudos.
Tienen 325 iniciativas sin dictaminar, pero ganan 3 mil pesos 133 pesos diarios cada uno de los 27 diputados locales y destinan 3.7 millones de pesos en el pago de "supuestos asesores".
Tenemos una legislatura de vergüenza, cara, gris y que no representa a la gente.