Secretaria de Finanzas acumula 20.2 mdp en gastos sin comprobar
La secretaria de finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí acumuló durante el sexenio de Juan Manuel Carreras 20.2 millones de pesos de gastos por comprobar, los cuales fueron observados por la Auditoría Superior del Estado en el Informe Individual de la Cuenta Pública 2021 del Poder Ejecutivo, cuyo enorme monto no se pudo solventar.
El informe señala que desde el año 2015 se fueron acumulando montos de dinero que debieron haberse comprobado, sin embargo, eso nunca sucedió y el saldo ya superó los 20 millones de pesos. Es decir, año tras año se fue permitiendo que los "gastos por comprobar" no se comprobaran y esa bola de nieve causó un gran daño a los recursos públicos.
El ex secretario de finanzas, Daniel Pedroza Gaitán al ser notificado de esta observación, en su defensa, intentó lavarse las manos y en el oficio SF/DA884/2022 dijo que la responsabilidad surgida por el incumplimiento del acreditamiento del reintegro o de la comprobación de los recursos, corresponderá exclusivamente a los beneficiarios, y, por ende, contra ellos es que debió hacerse el ejercicio de fiscalización. Llegó infructuosamente a argumentar que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado no otorga facultades competenciales a la Secretaría de Finanzas ni el artículo 6° del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas le otorga al secretario de finanzas, para llevar a cabo acciones coactivas en contra de los funcionarios incumplidos.
El organismo fiscalizador claramente señaló que se puede validar que los saldos de los servidores públicos de la administración 2015-2021 se mantienen iguales. Sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó las gestiones de cobro realizadas para la recuperación de los recursos, además reconocen que no se cuenta con procedimientos de recuperación efectivos.
Por lo tanto, se deberá responder por estos 20.2 millones de pesos de Gastos y de Fondos Revolventes que se acumularon durante el corrupto sexenio de Juan Manuel Carreras y que jamás fueron comprobados, provocando un daño patrimonial a los recursos públicos.