La Incongruencia de Morena al criminalizar la protesta social
La incongruencia de Morena al criminalizar la protesta social.
La reciente propuesta del diputado de Morena, Roberto Martínez, de imponer hasta cuatro años de cárcel a manifestantes que bloqueen vialidades ha generado una oleada de críticas y cuestionamientos sobre la congruencia del partido en el poder. Esta iniciativa, presentada en el Congreso de Puebla, busca criminalizar las protestas sociales que afectan el tránsito vehicular, argumentando que dichas acciones perjudican la movilidad y generan caos en las ciudades.
La Congruencia en cuestión
La congruencia entre discurso y acción es esencial para mantener la legitimidad y el apoyo popular. Morena, partido que nació de la lucha social y la protesta, está en riesgo de perder ambos si continúa por este camino represivo. Este desliz hacia la criminalización de la protesta no solo socava los principios fundamentales sobre los cuales se construyó Morena, sino que también refleja una peligrosa transformación hacia prácticas autoritarias que rememoran al viejo PRI, un partido conocido por su represión de disidentes.
Antecedentes de represión
La incongruencia de Morena no es un fenómeno aislado. La llamada "Ley Garrote", aprobada en 2019 en Tabasco, penaliza las protestas que bloqueen vialidades. Esta ley generó fuertes críticas por considerarse una medida para reprimir la libre expresión y el derecho a manifestarse, una herramienta que bien podría haber sido sacada del manual del PRI de décadas pasadas.
El Legado de AMLO y las contradicciones actuales
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), líder histórico de Morena y actual presidente de México, ha cimentado su carrera política precisamente en la protesta social y la lucha contra las injusticias mediante la movilización ciudadana. En 1988, tras acusaciones de fraude en las elecciones estatales de Tabasco, AMLO organizó una serie de protestas, incluida la toma de pozos petroleros y la "Caravana por la Democracia", una marcha desde Tabasco hasta la Ciudad de México para denunciar el fraude electoral y exigir transparencia.
Incluso en su mandato reciente, en enero de 2024, AMLO fue recibido con protestas en Villahermosa. Estas manifestaciones, que incluían a familias afectadas por la construcción del Tren Interoceánico y personal sanitario sin contratos, son un recordatorio de la importancia de la protesta social en la agenda pública y del rol de las manifestaciones como un mecanismo vital de resistencia y reivindicación de derechos.
Morena: ¿Nuevo PRI?
La propuesta del diputado Martínez y la aprobación de leyes como la "Ley Garrote" revelan un preocupante patrón dentro de Morena. La tendencia a penalizar la protesta social pone en evidencia una transformación que amenaza con hacer de Morena una versión moderna del viejo PRI. Un partido que, en su tiempo, utilizó la represión y la cooptación para mantener el control político, alejándose cada vez más de las bases populares y las luchas sociales que le dieron origen.
Un Llamado a la reflexión
Es imperativo que Morena retome el diálogo con la ciudadanía y respete el derecho a la manifestación, reconociendo que las protestas son, muchas veces, el último recurso de quienes buscan justicia y equidad. La criminalización de la protesta no resolverá los problemas estructurales que generan el descontento social; solo los agudizará. La congruencia entre discurso y acción no es solo una cuestión de ética política, sino una necesidad para la supervivencia y la credibilidad de un movimiento que prometió ser diferente.
Morena debe recordar sus raíces y reafirmar su compromiso con la justicia social, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. La represión no puede ser la respuesta de un partido que nació de la protesta y la lucha por la democracia. La legitimidad y el apoyo popular se construyen y se mantienen con congruencia, integridad y un compromiso genuino con los valores que se predican.