La deuda oculta de las pensiones en SLP: un abismo que crece sin control

Hace apenas nueve meses, los datos oficiales revelaban una cifra alarmante: la deuda de la Dirección de Pensiones de San Luis Potosí ascendía a 4,808 millones de pesos. Este monto, comparado con el registrado al inicio del mandato de Ricardo Gallardo Cardona en octubre de 2021, representa un crecimiento descomunal del 412%. Pero lo más preocupante no es solo el tamaño de la deuda, sino la opacidad que rodea su manejo.

Desde abril del año pasado, el monto actualizado de este adeudo se mantiene en las sombras. ¿Por qué? ¿Qué intereses se ocultan tras el silencio de la Dirección de Pensiones? Todo apunta a que la deuda ha seguido incrementándose de manera significativa, pero los números oficiales son inexistentes. La opacidad es la regla.

La gravedad de la situación se entiende mejor al observar el historial: Fernando Toranzo dejó la deuda en 495 millones de pesos, una cifra que, aunque elevada, parecía manejable. Su sucesor, Juan Manuel Carreras, añadió 208 millones más, cerrando su administración con 703 millones de pesos acumulados. Sin embargo, bajo el gobierno de Gallardo Cardona, la cifra ha escalado a niveles sin precedentes, multiplicándose en tan solo tres años hasta los 4,808 millones de pesos (insistimos: con datos hasta abril pasado).

Pero esto no es todo. Según información proporcionada por la propia Dirección de Pensiones, este adeudo no incluye los compromisos pendientes de los Poderes Legislativo y Judicial ni de los organismos públicos descentralizados y autónomos. Esto significa que la deuda real podría ser mucho mayor, quizá incluso "monumental".

Entonces surgen las preguntas inevitables:
¿Dónde está el dinero ahorrado por los empleados de gobierno durante tantos años?
¿Por qué la deuda ha crecido de manera tan desproporcionada en solo tres años de gestión de Ricardo Gallardo?
¿Por qué se oculta el monto real del adeudo?
¿En qué se ha utilizado el dinero destinado a las pensiones?

El panorama deja pocas dudas. El dinero que debía estar resguardado y etiquetado exclusivamente para asegurar el bienestar de los trabajadores jubilados parece haber sido desviado para otros fines. ¿Cuáles? Eso sigue siendo un misterio que las autoridades parecen empeñadas en encubrir.

Y no es solo es un señalamiento al aire. Todo apunta a una complicidad estructural. El Instituto de Fiscalización del Estado de San Luis Potosí, organismo que debería ser el principal garante de la transparencia, ha preferido mirar hacia otro lado. Su aparente inacción refuerza la sospecha de que los desvíos y manejos irregulares han sido tolerados, si no es que directamente respaldados, por quienes tienen el poder de fiscalizar.

Mientras tanto, el dinero de los pensionados se desvanece en un agujero negro de corrupción e irresponsabilidad. Lo que debía ser un respaldo seguro para miles de trabajadores y sus familias se ha convertido en un monumento al desfalco. Y las respuestas, como los fondos, siguen desaparecidas.