Inhabilitan a empresa ligada a fraudes en Salud de SLP
Después de años de estar relacionada con graves actos de corrupción y utilizada para desviar millones de pesos del dinero público, la razón social Public Health Supply and Equipment de México, S.A. de C.V fue solo inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal.
Esto se dio a conocer por medio del Diario Oficial de la Federación, que informó la resolución del 4 de septiembre de 2023, donde que se dictó en el expediente número SP. 002/2023, que la mencionada autoridad administrativa hace de su conocimiento que, a partir del día siguiente en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet, deberán abstenerse, de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 15 (quince) meses.
Esta “empresa” fachada, facturó millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y en San Luis Potosí a los Servicios de Salud, cuando estuvo al frente Mónica Liliana Rangel. Tan solo en ocho facturas (de las cuales Ciudadanos Observando tiene copia) le facturó 61 millones 119 mil 834 pesos entre 2017 y 2019.
Recordemos que, en solo dos casos, uno por 22 millones y por 32.7 millones de pesos donde se planeó en la Secretaría de Salud y se simuló la entrega de insecticidas en plena pandemia Covid-19, esta fraudulenta “empresa” regresó el dinero en efectivo a Mónica Liliana Rangel Martínez y sus cómplices, el primer monto en cajas de huevo y el segundo en maletas deportivas, tal como se detalló en los procesos judiciales. Sin embargo, solo en un caso la ex titular de salud fue condenada y extraña bastante que en el monto más alto no esté actualmente ni acusada penalmente. Existe la fuerte sospecha de un acuerdo con al actual mandatario de San Luis Potosí Ricardo Gallardo.
En 2020 también fue detectada realizando turbias acciones con el Gobierno de Veracruz que por cierto es morenista, donde por medio del contrato 195/2020 facturó 10 millones 363 mil pesos.
No basta con que este tipo de razones sociales sean inhabilitadas, porque simplemente siguen operando impunemente con tan solo utilizar una con otro nombre, se requiere que la Unidad de Inteligencia Financiera siga la ruta del dinero y las fiscalías realmente vayan a fondo, sin arreglos por debajo de la mesa ni pacto de impunidad.
Aquí puedes ver la publicaciónoficial del Diario Oficial de la Federación :
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5702236&fecha=19/09/2023#gsc.tab=0