El Congreso de SLP: Gris, opaco y sometido
Está por concluir la legislatura LXIII la cual pasará a la historia por gris, sometida, corrupta, abusiva, simuladora, incongruente y que jamás representó a la gente, si no a sus perversos intereses y de quien les dicta lo que deben y cómo actuar.
¿Sabes, por ejemplo, quiénes son Claudia Tristán, Roberto Ulises Mendoza, Salvador Isaís, Dolores García Román y Edgar Alejandro Anaya? Estamos seguros que la mayoría de gente no sabe que son diputados locales y que están cerca concluir su encargo, ya preguntar sobre su pobre desempeño trabajo legislativo si sería aún más complicado.
Así como este grupo de casi invisibles diputados locales de San Luis Potosí está la mayoría, donde una vez más se ha perdido una oportunidad histórica de dejar una huella positiva.
No existió una sola voz que denunciara las corruptelas al interior del congreso, que alertara de sucios acuerdos, que cuestionara lo que está mal hecho, que se opusiera a los abusos y que no fuera parte del enorme tapete del ejecutivo estatal.
Cada uno de los 27 diputados locales de San Luis Potosí tiene un sueldo mensual de 94 mil 500 pesos netos mensuales. Pero en promedio durante diciembre del 2023, se llevaron 14 mil pesos diarios. Entre dieta y aguinaldo cada legislador recibió 421 mil 674 pesos. De dieta fueron 299 mil 525 y de aguinaldo 122 mil 149 pesos.
Además del monumental abuso anterior, cada diputado local recibe 8 mil pesos mensuales de apoyo para gasolina que se encuentran fusionados en su insultante sueldo, aun así, el presidente de la Junta de Coordinación Política José Luis Fernández del Partido Verde propuso repartir otros 186 mil pesos en vales de gasolina a nueve diputados, que se llegan a llevar extra hasta 33 mil pesos en gasolina como sucede con la diputada priista Yolanda Cepeda o 27 mil pesos Bernarda Reyes también del PRI.
Durante la actual legislatura han existido denuncias de como algunos diputados exprimen parte del sueldo del personal que se contrata por honorarios, diputadas locales que no acatan órdenes judiciales vulnerando los derechos de otra mujer, incrementaron en 82 personas el personal de honorarios y de pagar 1.5 millones de pesos ahora se destinan 3.7 millones de pesos mensuales al paso de tres legislaturas, siendo la actual la que más elevó el número de gente.
Incumplieron en el compromiso de regular por fin, las contrataciones del personal de honorarios y el equipo de "asesores" donde se realizaría un plan de trabajo verificable para la ciudadanía, se generaría certeza en la realización de actividades para evitar aviadores y se terminaría con el abuso de pagar hasta 23 mil pesos mensuales a gente que le maneja las redes sociales a diputados, como se comprobó en su momento con la incongruente diputada Gabriela Martínez Lárraga.
Extrañamente su coordinación jurídica ha perdido por irresponsable todas las denuncias labores y eso ha generado que se tengan que destinar millones de pesos del dinero público en el pago de laudos.
En las pasadas elecciones del 6 de junio, a pesar de tener un pésimo trabajo legislativo se lograron reelegir Patricia Aradillas del Partido Verde, Cuauhtli Badillo de Morena y Rubén Guajardo y Aranzazú Puente del PAN. Esto, porque básicamente la gente votó principalmente por un partido político, por simpatía o afinidad, pero no porque exista una evaluación consciente del trabajo de los diputados.
Tienen 300 iniciativas sin dictaminar, pero ganan 3 mil pesos 133 pesos diarios cada uno de los 27 diputados locales y destinan 3.7 millones de pesos en el pago de "supuestos asesores".
Tenemos una legislatura de vergüenza, cara, gris y que no representa a la gente.
Acciones de Inconstitucionalidad
Los diputados locales de San Luis Potosí quedaron exhibidos por su sometimiento al mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona y se prestaron a invadir facultades del Poder Judicial con tal de concretar la inhabilitación por 18 años del ex alcalde de la capital Xavier Nava y parte del cabildo.
Ya se resolvió que el procedimiento tendrá que reponerse y muy seguramente la inhabilitación acaba siendo improcedente.
En los años 2022 y 2023, se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí se resumen algunas de ellas:
Año 2022:
1. 27/2022: Se cuestionó la constitucionalidad del artículo 6º en sus porciones normativas de "la Ley General", "el Código Nacional de Procedimientos Penales" y "el Código Penal Federal".
2. 138/2022: El Pleno de la Suprema Corte declaró inválido el artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, argumentando que la regulación de esta materia compete exclusivamente al Congreso de la Unión. No se invalidó el artículo 329 del Código Penal local.
3. 152/2022: Se presentó una demanda en contra de varios artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, específicamente los artículos 77, fracción IV; 92, fracción V; y 277, fracción V, inciso c), por considerarse inconstitucionales.
Año 2023:
1. 88/2023: Esta acción se presentó el 29 de marzo de 2023 y cuestiona el artículo 77, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en relación con los derechos humanos.
2. 153/2023: Presentada el 7 de julio de 2023, esta demanda aborda el derecho a la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad. Se impugnan los Decretos números 0768 y 0769 que reformaron las leyes de Salud Mental y para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
3. 199/2023: Se cuestionan las porciones normativas de varios artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, específicamente los artículos 77, fracciones II y VII, y el artículo 83, fracción II.
4. 204/2023: Se argumenta la incompetencia del Congreso local para legislar sobre delitos de secuestro y desaparición forzada de personas en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí.