Autoadscripción a la acción afirmativa se salió de control en estas elecciones
Tras modificaciones a la ley electoral, han surgido numerosos casos señalados como actos que solo aparentan y permiten que individuos se adueñen de candidaturas, aprovechándose de la autoadscripción a la acción afirmativa LGBTQI y a la representación de la comunidad afromexicana.
Recordemos que esta distorsión y abuso de la ley comenzaron en San Luis Potosí en 2021 con el ex diputado local Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis” QEPD, quien presentó una constancia falsificada para acreditar su adscripción indígena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y así poder postularse por Morena a una diputación federal. Incluso fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En el actual proceso electoral de 2024, nuevamente en San Luis Potosí, surgieron fuertes cuestionamientos hacia el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tras registrar a varios de sus candidatos hombres como género femenino para competir por las presidencias municipales.
En Michoacán, de igual manera, decenas de hombres biológicos que se autoadscribieron como parte del género femenino para contender por gobiernos municipales el pasado 2 de junio, ganaron ocho.
El tema es significativo porque en torno a las acciones afirmativas se generó mucha controversia, pues hubo candidatos que confesaron que se trataba de una simple estrategia para cumplir con la paridad. La comunidad LGBTQI también alzó banderas arcoíris y reprochó la simulación y usurpación por parte de varios candidatos, a quienes se cuestionaba por haber utilizado esta acción afirmativa pese a que en su vida cotidiana muchos de ellos son hombres con una vida cisgénero heteronormada.
En el caso de Zacatecas, la polémica surgió porque Julia Olguín Serna se registró como candidata a la diputación federal por el Distrito 2, asegurando representar a personas afroamericanas.
Las candidaturas de acción afirmativa tienen por objetivo incluir a grupos históricamente vulnerados en los cargos de elección popular, promoviendo la igualdad de oportunidades y una representación justa. Las personas con discapacidad, indígenas, migrantes, de la diversidad sexual y afrodescendientes son los sectores poblacionales que el INE solicita a los partidos políticos incluir dentro de sus candidaturas.