Anarquía del taxismo tolerada por la SCT estatal en San Luis Potosí
En San Luis Potosí, la situación del gremio de taxistas refleja una anarquía y negligencia por parte de las autoridades. Entre incidentes violentos y vehículos que violan las normas establecidas, se pone en duda la capacidad de los responsables gubernamentales para regular el servicio público de transporte, en este caso Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de San Luis Potosi. La falta de supervisión ha permitido que se presenten casos flagrantes de incumplimiento sin consecuencias claras.
Uno de los problemas más visibles es la proliferación de taxis modificados con accesorios que los hacen parecer vehículos deportivos o de exhibición, alejándose de los estándares de servicio público. Estos vehículos, equipados con sonido estridente y diseños extravagantes, no solo incumplen la normativa vigente, sino que también representan un riesgo en la vía pública, distrayendo a conductores y peatones y dificultando su identificación.
La Ley del Transporte Público del Estado de San Luis Potosí establece reglas claras sobre el diseño y las características que deben cumplir los taxis. Sin embargo, el incumplimiento de estas normativas parece ser una constante, alimentada por la inacción de la SCT. Esta permisividad no solo afecta la imagen del transporte público, sino que también deja en evidencia la anarquía tolerada y produce sospechas está situación..
El caso más preocupante es el del taxi identificado con el número económico 0772, que ha sido modificado de manera que promueve la apología del delito, una violación grave de la normativa estatal. Este vehículo ha generado indignación en redes sociales, pero las autoridades han permanecido en silencio, mostrando una preocupante apatía hacia la aplicación de la ley.
La falta de regulación efectiva refleja una desigualdad en la aplicación de las normativas. Mientras que algunos conductores enfrentan sanciones por infracciones menores, otros circulan impunemente con vehículos que violan descaradamente las reglas. Esto daña la poca confianza de los ciudadanos en las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Ante esta situación, es urgente que las autoridades actúen con firmeza para recuperar el control del transporte público. La permisividad actual solo fomenta la impunidad y el deterioro del servicio. Los ciudadanos necesitan un transporte público seguro, funcional y regulado de manera efectiva, algo que, hasta ahora, parece estar lejos de lograrse.