AMLO con la desaparición del INAI se convierte en enemigo de la transparencia
Por ningún motivo debe desaparecer el INAI y los diversos organismos estatales, obviamente necesitan mejoras y tener más facultades para obligar a quienes incumplen con la ley de transparencia, mayores sanciones, pero como van las cosas, Andrés Manuel López Obrador demuestra ser un enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas y pretende regresar al pasado eliminándolos, tal como lo hacía aquel PRI que él tanto criticó y combatió, pero ahora se comporta exactamente igual que aquel régimen retrograda.
Hoy, México se enfrenta a una encrucijada peligrosa que podría llevarnos de vuelta a un pasado oscuro, donde la opacidad y la corrupción eran la norma. La reciente aprobación del dictamen de reforma constitucional en materia de simplificación administrativa por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados representa un ataque directo a los cimientos de nuestra joven democracia.
La propuesta de AMLO busca eliminar a los organismos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) los organismos similares en cada estado. Este organismo, que nació de una lucha social por el derecho a saber y participar en la vida pública, ha sido esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en México. El INAI no es solo una institución; es un patrimonio de todos los mexicanos, construido con el esfuerzo y la demanda ciudadana por un gobierno abierto y responsable.
¿Qué significa realmente esta reforma? En esencia, propone que el mismo gobierno se vigile a sí mismo. Imagina por un momento que, en lugar de acudir a un organismo independiente para solicitar información o presentar una queja, ahora tendrías que recurrir a la misma autoridad que podría estar ocultando esa información. ¿Cómo se puede esperar transparencia en un sistema donde quien debería ser vigilado se convierte en juez y parte?
La desaparición del INAI no solo pone en riesgo el derecho de acceso a la información, sino que también fragmenta el ejercicio de este derecho. La transparencia, que debería ser un pilar sólido y uniforme en todo el país, se convierte en un derecho incierto y débil, dependiendo de la voluntad de las autoridades de turno.
Además, esta reforma plantea que la protección de nuestros datos personales, en manos de sujetos obligados, quede bajo la vigilancia de las mismas autoridades. En un contexto donde la privacidad es más vulnerable que nunca, dejar que el Ejecutivo Federal asuma el control total sobre estos datos sin especificar cómo se protegerán es un peligro que no podemos ignorar.
Este retroceso no es un simple cambio administrativo. Es una amenaza directa a la vida pública de México, que nos deja a merced de un gobierno que podría ocultar sus acciones sin rendir cuentas. La ciudadanía no puede permitir que el país regrese a la oscuridad de un pasado donde la opacidad y el abuso de poder eran la regla. La transparencia no es negociable, y debemos defenderla antes de que sea demasiado tarde.
El momento de actuar es ahora, antes de que el velo de la oscuridad cubra nuevamente nuestra vida pública. La democracia mexicana está en juego, y con ella, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.