Accidente destapa red de corrupción en Ayuntamiento de SLP

El martes 25 de febrero, Fernando Chávez Méndez, actual secretario del Ayuntamiento de San Luis Potosí, protagonizó un choque en el bulevar Río Santiago y Sierra Leona, presuntamente bajo los efectos del alcohol situación que en voz del alcalde Enrique Galindo fue desmentida.
A raíz de este evento, nos dimos a la tarea de realizar una investigación relacionada con el vehículo que Chávez Méndez conducía. Este corresponde a una pick-up JAC Friston GML de origen chino, y que portaba placas con matrícula TL 4869H y que le detectamos diversas y graves irregularidades que deben darse a conocer y existir sanciones.
 

Recordemos que esta unidad forma parte de una flotilla de vehículos arrendados a la cuestionada empresa Casanova Vallejo que incluso fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública en septiembre de 2022. Ese mismo mes, firmó el contrato de arrendamiento DAAS/163/2022, con el Ayuntamiento de 42 vehículos, por un total de 27.6 millones de pesos en un acuerdo de 24 meses (del 19 de septiembre de 2022 al 10 de septiembre de 2024). Sin embargo, lo alarmante es que los sobrecostos de estos vehículos alcanzaron hasta el 57% por encima de su valor real, lo que representa un daño patrimonial estimado en 15 millones de pesos.
 

Si el contrato de arrendamiento finalizó en septiembre del 2024, ¿por qué Fernando Chávez seguía manejando una de estas unidades meses después? El director de comunicación social del ayuntamiento nos informó, que el oficial mayor a su vez le detalló, que al concluir el contrato se había pagado un peso por cada una de las 42 unidades arrendadas y serían propiedad del ayuntamiento.

Contrato DAAS/163/2022 en la página 8 claramente señala que, si al final de los 24 meses el ayuntamiento decide quedarse con las 42 unidades, pagaría extra 6.7 millones de pesos y el costo unitario de cada tipo de vehículo sería el siguiente:

-121 mil pesos por cada Aveo Chevrolet 1.5 TM

-142 mil pesos 649 por cada automóvil MG Excite CV0T

-224 mil 99 pesos por cada camioneta Jac Friston T8

-198 mil 224 pesos por cada camioneta Jac Friston T6

SE DESTAPA LA CLOACA

La camioneta mencionada con placas TL 4869H circulaba con placas sobrepuestas y estuvo involucrada en diversos movimientos administrativos que muestran inconsistencias graves en la documentación y a continuación las detallamos:
Para su alta vehicular el 15 de noviembre de 2022, se utilizó un INE con domicilio en Ciudad de México a nombre de Pedro Victor Trejo García, dirección idéntica que aparece en el comprobante de domicilio de la CFE pero ahora en la ciudad de San Luis Potosí con la misma calle y número. Se presume comprobante apócrifo y un delito.

El trámite, sospechosamente fue realizado en la oficina recaudadora en el municipio de Rayón, S.L.P. y ahí se autorizó el trámite a pesar de la discrepancia en la documentación.
Posteriormente, el 22 de noviembre se realizó el cambio de propietario. El trámite fue autorizado por el síndico municipal Víctor Hugo Salgado ; sin embargo, al verificar la autenticidad de la credencial del INE, el resultado arroja que no está registrada en la base oficial del instituto.
 

Esto indica que la identidad del síndico pudo no ser verificada correctamente o que se usó un documento no válido. Este cambio de propietario permitió la continuidad del uso del vehículo sin que las autoridades detectaran las inconsistencias.
 

Luego el 6 de diciembre del 2024, tres meses después de haber terminado con contrato de arrendamiento, se realiza la baja de placas de la camioneta, pero para conseguir esto, en lugar de presentar un acta de extravío, se entregó una constancia de recepción de denuncia con fecha del 5 de diciembre del 2024 en Tlalnepantla, Edo de México donde se asegura que tres días antes les fueron robadas las placas y la tarjeta de circulación.

Esta diferencia es clave, ya que el acta de extravío es un documento oficial emitido por el Ministerio Público que confirma que las placas se han perdido, mientras que la constancia de denuncia solo indica que se reportó un problema sin validar su veracidad.
Por lo que se pudo verificar, esto permitió que las placas originales quedaran realmente en posesión del propietario y pudieran ser utilizadas indebidamente en el mismo u otro vehículo de manera sobrepuesta.
 

Otro aspecto por demás cuestionable, es que el tramite para la baja se hizo en la oficina de Av. Muñoz, una recaudadora exclusiva de transporte público (taxis y camiones). Evidentemente, en este trámite ilegal se presume corrupción al hacer un movimiento que no correspondía al tipo de vehículo. No olvidemos que, en su momento, la misma SCT denunció corrupción y coyotaje en esa recaudadora, al amparo de la titular de oficina, quien presuntamente se pudo haber coludido con el exsecretario de la SCT, Fernando Chávez para realizar trámites no permitidos.

Placas TL 4869-H reportadas como robadas en Tlalnepantla de Baz, Estado de México por Nelly Elizabeth García Ramos el 5 de diciembre del 2024 sin embargo, la camioneta que manejaba el secretario general del ayuntamiento, Fernando Chávez las portaba el martes 25 de febrero del 2025 cuando sucedió un choque sobre Avenida Sierra Leona.
 

Conclusión
Este procedimiento facilitó el uso fraudulento de placas sobrepuestas, lo que llevó a que la camioneta involucrada en el accidente circulara con placas que no le correspondían y muestra la terrible situación que se vive al interior de la administración del alcalde Enrique Galindo, donde las propias autoridades son las primeras en violentar la ley.
 

¿Dónde están las demás unidades relacionadas con el contrato de arrendamiento ya mencionado? ¿Cuántos altos mandos del ayuntamiento las están usando y cuál el estatus legal de estos vehículos? ¿Realmente costaron un peso como lo aseguró el encargado de comunicación? ¿O entregar estas unidades realmente sin costo es parte del sucio acuerdo por haber beneficiado a Casanova Vallejo y haber autorizado los sobreprecios?

Salvador Moreno elemento clave en esta red de corrupción debe ser destituido e investigado.

Exigimos a las autoridades correspondientes como la Fiscalía General del Estado que abra de inmediato una investigación seria y se vaya a fondo. Al alcalde Enrique Galindo deje de encubrir y justificar los actos ilegales. Obviamente a la Contralora del ayuntamiento Gabriela López no le podemos pedir investigue, ya que fue puesta para solapar este tipo de actos y otros más graves como el caso “RICH”. Exigimos la destitución del oficial mayor Salvador Moreno por ser pieza clave en toda esta red que hemos evidenciado.