Así se gastó el ayuntamiento de SLP 173 mdp solo en cinco rubros
El gasto público se concentra en cinco principales proveedores: ¿hacia dónde va realmente el dinero municipal?
Un análisis reciente realizado por Ciudadanos Observando basado en los gastos municipales de San Luis Potosí en agosto de 2024, publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, revela una inquietante concentración de recursos en solo cinco rubros, sumando un total de más de 173 millones de pesos. Este hallazgo no solo cuestiona la transparencia del manejo financiero del ayuntamiento, sino que también pone de manifiesto posibles casos de favoritismo y uso discrecional de los fondos públicos.
El mayor gasto registrado corresponde a la nómina del ayuntamiento, que alcanza la cifra de 89.2 millones de pesos, donde destaca la abultada cantidad destinada a funcionarios de confianza y asesores con sueldos elevados, cuya productividad y contribución al municipio son constantemente cuestionadas. ¿Cuánto de este gasto se traduce realmente en beneficios para la ciudadanía? El hecho de que gran parte del presupuesto esté atado a salarios sugiere que la eficiencia en el uso de los recursos humanos deja mucho que desear.
El segundo gasto más significativo se canaliza hacia Red Recolector S.A. de C.V., conocida como “Vigue”, con un monto de 37.8 millones de pesos, destinados a la recolección y disposición final de residuos sólidos. Sin embargo, los habitantes siguen reportando deficiencias en la calidad del servicio de recolección de basura, lo cual lleva a preguntarse si este gasto está justificado o si se trata de un simple acomodo de cifras para favorecer a un contratista privilegiado.
En tercer lugar se encuentra Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. Sofom E.N.R., con 18.9 millones de pesos. Cabe recordar que esta empresa fue beneficiada con la adjudicación directa para arrendar 92 patrullas por un total de 203 millones de pesos. Su controvertida relación con el sexenio de Enrique Peña Nieto y las sospechas de apoyo durante la campaña del actual presidente municipal, Enrique Galindo, siembran dudas sobre la transparencia del proceso. Más aún, el contrato terminó en agosto de 2024 y actualmente está bajo investigación por la Secretaría de la Función Pública (SFP). ¿Estamos frente a un caso de corrupción encubierta que favoreció los intereses políticos del alcalde?
En la cuarta posición se encuentra Investigaciones Médicas del Potosí, S.A. de C.V., mejor conocida como Hospital de la Salud, con 18.3 millones de pesos. Este gasto se destina a servicios médicos privados para los empleados del municipio, lo cual genera una pregunta relevante: ¿por qué se privilegia a los burócratas con atención en hospitales privados en lugar de utilizar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el resto de la población? Este “beneficio” se asemeja más a un lujo a expensas del erario público que a una necesidad justificada.
Finalmente, el quinto mayor proveedor es Proyectos y Desarrollos Salve, S.A. de C.V., con 9.6 millones de pesos. Esta constructora con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, ha recibido contratos clave bajo la supervisión de Nazario Pineda, exdirector de Obras Públicas del municipio. La relación entre la constructora y el exfuncionario plantea la posibilidad de un tráfico de influencias que ha permitido canalizar los recursos hacia empresas vinculadas con actores políticos.
El patrón de gastos revela una preocupante concentración en áreas de personal, servicios de limpieza, tecnología, salud y desarrollo urbano, pero más allá de la clasificación técnica, la distribución de los recursos nos dbe hacer cuestionar sobre la eficiencia y pertinencia de estos contratos. La evidencia sugiere que algunos de estos acuerdos se han realizado con sobreprecios y en beneficio de empresas con conexiones políticas.
En lugar de reflejar un uso estratégico de los fondos, el gasto municipal actual parece orientarse más a satisfacer intereses particulares que a mejorar la calidad de vida en San Luis Potosí. A la vista de estos números, urge una revisión exhaustiva de los contratos y una mayor rendición de cuentas por parte del presidente municipal y su equipo, quienes deben demostrar que los recursos no están siendo desviados para fines políticos o personales.